Los representantes del Instituto Independencia denunciaron a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a los legisladores de Cambiemos Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Martín Lousteau por la marcha donde se exhibieron bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada. Los acusan de instigar a cometer delitos, apología a cometer delitos y por discriminación.

Con la firma de Daniela Bambill, Julio Fernández Baraibar, Javier Araujo, Mariano Pinedo y Felisa Miceli y en nombre del Instituto Independencia se presentó hoy a la mañana una denuncia contra Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Ulises Chaparro, Inés Liendo, Francisco Sánchez, Martín Pugliese y todo aquel que surja de la investigación.  La denuncia fue presentada ante la Camara Crinmal de la Capital Federal.

La denuncia es por instigación a cometer un delito, tipificado en el artículo 209 del Código Penal, y el llamado delito de odio, sancionado en el artículo 3 de la ley 23592.

Los hechos que motivaron la denuncia fueron las numerosas escenas de violencia verbal y física contra periodistas, la exhibición de instrumentos de muerte como una horca y, fundamentalmente, la exhibición de bolsas de plástico negro, remedando siniestramente bolsas mortuorias, con el nombre de dirigentes políticos y sociales y de organización políticas.

Dice la denuncia:

“A nadie escapa que los nombres insertos en estas pretendidas bolsas mortuorias identifican a personas u organizaciones con un grado de participación política significativo y destacado en la historia de los últimos 40 años. Sin voluntad de hacer referencia a casos particulares, va de suyo que la inserción de aquellos nombres representa una clara amenaza al sistema democrático y no debe tolerarse como forma válida de aglutinar apoyos entre nuestros conciudadanos.

La violencia política, la instigación al delito, en este caso al homicidio de dirigentes y referentes varios, es una de las expresiones más dañinas para el país y requiere del sistema de justicia el encuadramiento de estos hechos bajo un prisma que restablezca las formas de la legalidad en el debate político.

También es necesario destacar que en ese mismo lugar, la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el 16 de junio de 1955 fue objeto de un criminal bombardeo por parte de la Marina de Guerra sublevada contra el gobierno constitucional y que de resultas de ese bombardeo, y según una investigación oficial realizada por el Archivo de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, hubo 308 muertos, aclarando que a esa cantidad debían sumarse “un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones”. Entre las personas asesinadas fueron identificadas 111 activistas sindicales de la CGT, de las cuales 23 eran mujeres. También fueron identificados 6 niños y niñas muertos, el menor de ellos de 3 años. La mayoría de los muertos fueron argentinos, pero fueron también identificados 12 italianos, 5 españoles, 4 alemanes y 6 muertos de nacionalidades boliviana, chilena, estadounidense, paraguaya, rusa y yugoslava.

Las fotografía de las bolsas, simbolizando los hombres y mujeres que figuran en los carteles, recuerdan dramáticamente las fotografía de los cadáveres en Plaza de Mayo en aquellas terribles jornadas y esa semejanza no puede haber pasado desapercibida para los autores.

Permitir o tolerar que estos hechos continúen su derrotero podría poner en riesgo el juego democrático, la actividad electoral, la alternancia y el debate de ideas, valores sagrados en una república”.

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