Por Mariano Pinedo*

El Plan Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina) fue una de las herramientas de política pública que utilizó  la ex presidenta Cristina Fernández para fortalecer el acceso de vastísimos sectores a la igualdad de oportunidades y de derechos, en pos de potenciar al pueblo argentino en su camino de construcción soberana, justa y libre.  Se trata de una política pública pensada como un incentivo económico para los jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudiaran ni trabajaran o estuvieran en una situación laboral informal y que en su hogar no recibieran más de un salario mínimo. Tenía como objetivo establecer un beneficio puente para que completaran los estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios.

El Plan se vio afectado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Durante abril de 2015 y febrero de 2018 el monto destinado para cada estudiante, pese a la inflación, estuvo congelado. Además, los beneficiarios denunciaron bajas arbitrarias en los planes; tendencia que se revirtió durante el segundo semestre de 2017.

En febrero de 2018, el gobierno de Mauricio Macri anunció modificaciones y una “renovación” del Plan de 2014. Lo bautizaron Becas Progresar. Con la “renovación” pretenden reemplazar cualquier otra beca existente, mientras que en el programa anterior se podía convivir con otras ayudas a los mismos sectores postergados.

Además de ello, el nuevo esquema resuelto por la administración Macri,  deja de ser universal. El nuevo Plan se ajustará al presupuesto previsto en cada año y las renovaciones dejarán de ser automáticas, exigiéndose un trámite adicional.

Por otra parte, mientras en su inicio el programa era administrado por un consejo interministerial, hoy pasará a la órbita exclusiva del Ministerio de Educación, perdiéndose así la riqueza en la mejor aplicación de la herramienta o el potencial aprovechamiento que la experiencia multidisciplinaria otorgaba para identificar problemáticas sociales y resolver las mismas a través del diseño de nuevas políticas públicas o la mejor integración con las existentes. Ello por cuanto el plan  original tenía una mirada integral respecto de los jóvenes beneficiarios y no se limitaba meramente a una ayuda económica para sostener la actividad educativa.

En términos de equidad, el Plan pasa de ser un derecho con fines de equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos a un programa meritocrático anclado en el rendimiento académico: los alumnos que aprueben el 100% de las materias durante el ciclo lectivo recibirán un 50% más de los que no lleguen a esa meta.

Las Becas Progresar resultan regresivas y discriminan a los estudiantes de bajos ingresos, que en muchos casos gracias al Plan Progresar fueron y son la primera generación de estudiantes en finalizar carreras universitarias e incorporarse a la vida académica. Además va en en contra de la igualdad de género: las alumnas de menores ingresos, que tengan familia a cargo o las madres adolescentes, se encontrarán en desventaja para poder cumplir los requisitos de aprobación del 75% de las materias y así poder mantener y renovar el beneficio.

Si analizamos las Becas Progresar en números, llegaremos a la conclusión de que el nuevo modelo será más restrictivo y sufrirá así un  recorte de 7.000 millones de pesos, más allá de que el gobierno lo quiera presentar, de manera mentirosa, como un aumento en las prestaciones. Esto atentará directamente a los jóvenes que quieran estudiar. De hecho, habrá 380.000 beneficiarios menos.

En concreto, la «renovación» es un cambio de paradigma. Dejará de ser un beneficio puente, cuyo objetivo era fomentar la equidad social y educativa y así achicar la brecha entre los sectores más vulnerables y de los más favorecidos, para convertirse en un modelo educativo y social meritocrático y elitista.

La Plata, 15 de febrero de 2018

* Abogado, dirigente peronista, diputado provincial, Provincia de Buenos Aires, miembro del Instituto Independencia.