La comunicación es un servicio público.

Con la sanción de un DNU, el presidente Alberto Fernández retomó la iniciativa política, después de la bochornosa movilización del 17 de agosto, convocada por los sectores más extremos del macrismo y la UCR. El DNU declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, y suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre.

El Instituto Independencia estima que la medida, además de retomar la tradicional visión democrática que el peronismo ha tenido históricamente sobre los derechos sociales, vuelve a instalar al sector en el ámbito de los derechos humanos protegidos por la Constitución, sacándolo del reino de la mercancía regida por la ley de la oferta y la demanda, como explícitamente lo dice el Decreto presidencial.

Por otra parte, con el congelamiento de los precios de dichos servicios, toca a los sectores monopólicos en su víscera más sensible.

El decreto sancionado en el día de hoy establece también como objetivo “recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria”.

Celebramos la medida adoptada por el presidente de la República junto con la inmensa mayoría de los argentinos.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2020